La aprobación de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción por parte del Congreso del Estado, representa un gran avance para Oaxaca. Es resultado de la lucha que durante años y años han emprendido muchas oaxaqueñas y oaxaqueños, por democratizar un estado dominado por la corrupción de sus gobernantes y la pobreza de su gente.

El saqueo del que Oaxaca ha sido objeto por parte de sus ambiciosos gobernantes, lo tiene hoy hundido en los primeros lugares a nivel nacional en pobreza y marginación, mientras ellos gozan impunemente de lo que le robaron al pueblo.

Pero en las últimas horas la lucha de las y los oaxaqueños en contra de la corrupción ha obtenido dos significativas victorias, por un lado, con el inicio del procedimiento de juicio político en contra del más corrupto y saqueador de los Gobernadores que ha tenido este Estado: Gabino Cué. Y por otro lado con la aprobación de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.

En esta oportunidad quiero referirme a esta ley, pues con su  expedición se da cumplimiento al artículo 113 de la Constitución Federal, que a partir de la reforma en materia de combate a la corrupción de 2015, mandata a las entidades federativas a establecer sistemas locales anticorrupción para coordinar a las autoridades locales en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Sin embargo, se trata de un logro que no es absoluto, pues se mantuvieron abiertas algunas rendijas para limitar a las y los ciudadanos el derecho de acceso a la información pública, tal y como sucedió con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción aprobada en el Congreso del Unión, rendijas que desde el Senado de la República traté de cerrar al reservarme diversos artículos que la mayoría priista y panista se negaron a modificar.

La ley estatal reproduce esas limitantes en el artículo 47, al condicionar el acceso a las sanciones impuestas por faltas administrativas a que contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como servidores públicos o como prestadores de servicios o contratistas del sector público, en lugar de establecer que toda falta administrativa deberá estar abierta al conocimiento público sin restricción alguna.

Lo mismo sucede con el artículo 46, que establece que la consulta de sanciones por actos de corrupción estará al alcance de las autoridades que lo requieran, cuando en realidad debería estar abierta a todo el público.

Si bien es cierto que se trata de limitantes impuestas desde la ley general hacia las leyes locales, también lo es que el Congreso del Estado bien podría haberlas eliminado sin que ello implicara una contravención a aquella.

Desde el Partido del Trabajo habremos de seguir trabajando para eliminar todos los obstáculos que pretendan limitar el derecho de acceso a la información de las y los ciudadanos, más aún si se traducen en cotos de opacidad, corrupción e impunidad de cualquier servidor público.

Reconocemos esta ley como un avance y como tal exigiremos a las autoridades su pleno cumplimiento.