Hola, amigas y amigos de redes sociales, con motivo del anuncio de la Comisión Instructora del Congreso de Estado de Oaxaca, por el que emitieron el inicio del procedimiento de Juicio Político en contra del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, aquí algunas precisiones:

 

• ¿Por qué se entabla juicio político?

El instrumento jurídico mediante el cual se verifica la desobediencia de un servidor público a los mandatos constitucionales y legales que se comprometió a respetar se conoce como Juicio Político y, en una asamblea legislativa, conformada por representantes populares se instituye un procedimiento jurídico en que se tutela la denuncia y se valoran las pruebas de la defensa del presunto infractor.

 

• Entonces, ¿por qué un juicio político contra Gabino Cué Monteagudo?

En Oaxaca, la renovación del sistema político en 2010, supuso, una nueva forma de gobernar y ser gobernado. Una de las exigencias en que más énfasis puso la sociedad oaxaqueña era contar con instituciones confiables, eficientes y con servidores públicos que enaltezcan la labor de servir a la sociedad. Oh decepción.
 
El sexenio de Gabino Cué Monteagudo, el primer gobierno que se creería democrático y honesto en Oaxaca, fue peor que su antecesor, Ulises Ruiz Ortiz.
 
Para ninguna oaxaqueña o oaxaqueño resulta desconocido que personajes públicos y cercanos al primer cuadro gobernante mancillaron la confianza que les fue depositada, los cuales, a través de sus actos, se beneficiaron económicamente con acciones u omisiones en detrimento del erario federal y estatal.
 
Los que presentamos la denuncia de Juicio Político, entre ellos su servidor, no nos permitimos un velo de ignominia ni el silencio frente a los escándalos de aprovechamiento de políticas públicas en detrimento de personas que más lo necesitan; desfalco y fraude de programas sociales; adjudicaciones directas a empresas propiedad de funcionarios o familiares encargados de las convocatorias pasando por alto la legalidad de las convocatorias o las licitaciones que prevé la ley; lucrar con los pagos y sueldos de funcionarios; usurpación de funciones y actos de ilegalidad cometidos con esa supuesta personalidad; entre otras conductas que como se deduce, sin obviar responsabilidades por mando y jerarquía, el principal responsable de conducir al Estado de Oaxaca a una situación de lastre económica y de altos índices de corrupción era Gabino Cué Monteagudo.

 

• ¿Existen las pruebas suficientes para proceder y declarar responsable a Gabino Cué Monteagudo?

Si. Ofrecimos como pruebas los dictámenes emitidos por la Auditoria Superior de la Federación en los ejercicios fiscales de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 en los que se estima que un monto de $5,870’967,000.00 (cinco mil ochocientos setenta millones novecientos sesenta y siete mil pesos) son concepto de recursos federales sin solventar; así como $4,841’127,000.19 (cuatro mil ochocientos cuarenta y un millones ciento veintisiete mil pesos con diecinueve centavos) por concepto de recursos federales sin ejercer; en tanto que por el mismo lapso de tiempo se han devuelto en detrimento de la Hacienda Estatal la cantidad de $137’701.30 (ciento treinta y siete millones setecientos y un mil pesos con treinta centavos). Lo anterior implica no sólo un verdadero desvío de recursos sino también la actualización de delitos en contra del erario estatal.

 

• ¿Después del anunció de la Comisión Instructora del Congreso del Estado de Oaxaca el pasado miércoles, que sigue?

Formalmente, al acusado en cuestión, habrá que notificarle la denuncia presentada en su contra a fin de que conteste y aporte lo que para él, justifican su inocencia.

 

• De encontrar responsable a Gabino Cué Monteagudo, ¿qué sanción le impondrá el Congreso del Estado?

En una sanción administrativa, como la inhabilitación para ocupar cargos públicos, hasta la sanción política, que tiene como consecuencia liberarlo de la protección constitucional denominada fuero y entonces, las autoridades judiciales iniciar las averiguaciones previas por los delitos de:

a) Desvío de Recursos públicos federales;

b) Enriquecimiento ilícito;

c) Tráfico de influencias.

Resulta obvia la participación del imputado por el cargo que desempañaba en la administración estatal, al ser el titular del ejecutivo y garante de la aplicación de los recursos públicos estatales, aprobación presupuestal, informes anuales, que demuestran su pleno conocimiento de las finanzas y aplicación de las rentas públicas, por lo que toda vez que dichas auditorias que ofrecimos como prueba han causado ejecutoria, sin que hasta la fecha subsista medio de impugnación correspondiente, de las cuales se desprenden desviaciones de los objetos del gasto público, el Congreso del Estado debe aplicar el procedimiento previsto por los artículos 115 párrafo segundo, 116 fracción I y 118 párrafo cuarto de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca con relación al diverso 7 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, que textualmente establecen:

Artículo 115.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial a los funcionarios y empleados, y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal, en los organismos descentralizados, empresas de participación estatal, sociedades y asociaciones asimiladas a éstos, o en fideicomisos públicos; así como en la Administración Pública Municipal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

El Gobernador del Estado, para los efectos de este Título, sólo es responsable por delitos graves del orden común y por violación expresa del Artículo 81 de esta Constitución sin perjuicio de la responsabilidad política que se consigna en los términos del Artículo 110 de la Constitución Federal.

….

Artículo 116.- El Congreso del Estado expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las demás normas conducentes, a sancionar a quienes, teniendo este carácter incurran en responsabilidades de acuerdo con las siguientes prevenciones:

I.- Se impondrán mediante juicio político, las sanciones indicadas en el Artículo 117 de esta Constitución a los Servidores Públicos señalados en ella, cuando en ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

Artículo 118.- Para proceder penalmente contra los Diputados al Congreso del Estado; los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; los titulares de las Secretarías; el Procurador General de Justicia; los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral; el Consejero Presidente, el Director General, el Secretario General, los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral; el Auditor Superior del Estado y los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Legislatura declarará, por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Si la resolución de la Legislatura fuese negativa, se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso, cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la resolución no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Si la Legislatura declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen conforme a la ley.

Por lo que se refiere al Gobernador del Estado, sólo habrá lugar a acusarlo ante el Congreso del Estado en los términos de los artículos 110 de la Constitución Federal y 81 de esta Constitución. En este supuesto la Legislatura resolverá con base en la Legislación penal aplicable.

Las declaraciones y resoluciones del Congreso del Estado son inatacables.