La reforma energética ha sido una desgracia para los hogares mexicanos. Los precios de los combustibles y la electricidad han subido desproporcionadamente. El gasto en pasajes, gas y electricidad deja a las familias con menos dinero para comprar alimentos y medicinas, calzado y vestido, telefonía y productos de limpieza, libros y útiles escolares. Golpe tras golpe la economía familiar se desquebraja bajo la mirada insensible y arrogante de un gobierno que prefiere impulsar los negocios de los poderosos que mejorar las condiciones de vida de la población; altanero, chantajista y mentiroso, el gobierno juega con excusas y pretextos, en una estafa cruel y permanente.

Lo que viven los hogares nada tiene que ver con las promesas que hizo Enrique Peña Nieto para legitimar la reforma energética. Sin rubor alguno engañó, mintió y traicionó a la ciudadanía. Sus ofrecimientos de bienestar sólo fueron inventos y fantasías. Simuló para ocultar la naturaleza y el alcance privatizador de la reforma. Se hizo pasar por amigo del pueblo para esconder los costos que tendría la más ingrata de sus reformas. Hoy la ciudadanía está siendo despojada de sus ingresos con precios que hacen más jugosos los negocios de unos cuantos. La política de “precios reales” es la política que las empresas extranjeras y sus socios mexicanos le han exigido al gobierno para invertir en México, porque ellas no vienen a regalar su dinero, ni a ganar en pesos sino en dólares.

El 1 de enero de 2017 el gobierno federal golpeó a la ciudadanía con un gasolinazo que elevó de un día para otro el precio de los combustibles automotores hasta en 24%. Ese golpe no fue el único. La electricidad que paga la clase media en la mayor parte del país, la supuesta tarifa de “alto consumo,”  se elevó para acumular un incremento de 220% en lo que va del sexenio. Ese mismo día el gas LP se encareció en todo el país al dejar su precio expuesto a las manipulables fuerzas del mercado. La liberalización desencadenó un alza generalizada que aterrorizó a la mayoría de los hogares. Hacia mediados de abril el incremento ya rondaba 40% en Baja California Sur y Quintana Roo, 30% en Chihuahua, Puebla, Guerrero y Zacatecas y por arriba de ese nivel en Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila y Durango. Los más afectados han sido las localidades más alejadas de las redes de distribución, donde normalmente reina la pobreza y la marginación.

Antes de la liberalización el país había sido dividido en 145 regiones de distribución. Atendiendo esa clasificación, el mayor encarecimiento del gas LP se observa en la región 8, localizada en Baja California Sur con 40%; en Quintana Roo la elevación llega a 39.8% en la región 139 y 38.6% en la región 138; en Sonora alcanza 37.5% en la región 5; y en Durango, Coahuila y Chihuahua, el aumento es del 35% en las regiones 49, 51, 39 y 21.

El derrotero de los precios en México es contrario a lo que ocurre en los Estados Unidos donde el propano, el principal componente del gas LP, ha disminuido 15% en lo que va del año. Esa disminución se explica por el efecto combinado de un menor precio en dólares por galón y  la notable apreciación del peso frente al dólar. Como México importa el 23% del gas LP que consume y existen suficientes compañías para competir en el mercado el precio tenía que bajar, pero si la tendencia es exactamente la contraria concluimos que la liberalización y la reforma energética han fracasado: el mercado nació fallido, malogrado. A pesar de las evidencias de colusión entre distribuidores para hacer su agosto a costa de los consumidores, las autoridades no sufren si se acongoja, se mantienen encerradas en su autismo neoliberal, porque la economía familiar y el combate a la desigualdad no son parte de sus prioridades, lo único que les importa es que florezcan los negocios porque ellas llevan una parte.