El suscrito, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2; 169 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente siguiente propuesta legislativa con el fin de apoyar a los damnificados de los terremotos del 7 y 19 de septiembre del 2017 reduciendo las prerrogativas de los partidos políticos, al tenor de la siguiente:


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para la memoria de las y los mexicanos, septiembre del año 2017, será recordado como la fecha en que el país enfrentó una catástrofe natural en tres distintos momentos.

A principios de dicho mes, el sureste y centro del país fueron azotados por la fuerza destructora del Huracán Katia, el cual afectó severamente los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y la Ciudad de México.

Sin tiempo para recuperarse de este fenómeno natural, la medianoche del 7 de septiembre, un terremoto, de proporciones demoledoras, el más imponente en los últimos 100 años en México, cimbró lamentablemente los estados de Oaxaca y Chiapas, en particular el Istmo de Tehuantepec fue catalogado como urgencia nacional.

Los saldos que sumó hasta ese entonces los dos cataclismos arrojaron 97 decesos, 91 por el sismo y 6 por las lluvias producidas por el huracán Katia.

No obstante esta lamentable situación, el 19 de septiembre otro sismo de 7.1 grados Richter golpeó los estados de Morelos, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México, provocando una estela de devastación en Jojutla, Morelos, y cerca de 40 edificaciones colapsadas en la ciudad capital. Los saldos preliminares al momento de redactar la presente iniciativa sumaban 273 decesos.

Las ciudadanas y ciudadanos de México no olvidarán los 12 días que transcurrieron entre un terremoto que azotó principalmente a Oaxaca al siguiente que hizo recordar las más tristes y horrorosas imágenes del sismo del año 1985.

Del centro al sureste del país el proceso de reconstrucción y cicatrización social debe empezar de inmediato. El número de víctimas mortales sumando los tres fenómenos naturales casi llega a 500, más los dos millones de damnificados que han perdido sus hogares, a ello, habrá que tutelar la reconstrucción de millares de casas, cientos de escuelas, edificios, negocios, calles, carreteras y un sinnúmero de elementos de infraestructura social.

Por ello, el fin de la presente propuesta legislativa es aportar sistemáticamente recursos que coadyuven a esa tarea titánica. Debemos entender que lo ocurrido en el país supera cualquier caos o desastre natural en la historia reciente de nuestro país, del mismo modo que supera cualquier coyuntura política, social o jurídica en ciernes en la República.

La siguiente tesis propone reducir excepcionalmente el monto del financiamiento público que recibirán los partidos políticos a partir de la siguiente ministración mensual en un 30% que sería destinado al Fondo que para tal motivo los Gobiernos Federal y locales instituyan para la reconstrucción de las zonas devastadas, la atención de víctimas y el proceso que conlleve para la reanudación de la vida social.

Asimismo, y como caso de excepción que amerita esta urgencia nacional, se instruye que, por única ocasión, los periodos de precampaña y campaña de los procesos electorales federales se reduzcan considerablemente a fin de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral actualice los topes de gastos de cada elección y destine el presunto ahorro al citado Fondo.

Compañeras senadoras, compañeros senadores, en este primer momento la solidaridad de la sociedad civil en comunión con los cuerpos de rescate y fuerzas armadas se avocaron a salvar vidas humanas, después de esta heroica misión corresponde de manera inmediata dar atención a las personas damnificadas, es decir atender sus necesidades básicas de alimentación y alojamiento temporal.

Queda claro que la siguiente etapa será hacer un balance de los inmuebles colapsados, de los que deberán ser demolidos y de los que necesitan reparaciones, ello con el objetivo de planificar la reconstrucción de las zonas afectadas.

Si bien es cierto aún es muy pronto para contar con un diagnóstico que permita conocer el costo que tendrá la reconstrucción requerida después de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre, de acuerdo a cifras oficiales, las estimaciones preliminares, únicamente para los estados de Oaxaca y Chiapas, son equivalentes a 16 mil millones de pesos, falta aún hacer las estimaciones referentes a los daños sufridos en la Ciudad de México y los Estados de Guerrero, Morelos, Puebla y el Estado de México.

Sabemos todos que, debido a la magnitud de la tragedia, será difícil lograr una rápida reconstrucción de viviendas en las zonas afectadas, porque el proceso mismo de creación y gestión de un programa a tan alto volumen toma algún tiempo, sin embargo, no podemos permitir que este proceso dilate 32 años, como ocurrió con el resarcimiento de daños a las víctimas del sismo de 1985.

Es decir, el proceso de elaboración del programa de reconstrucción deberá concluirse en no más de seis meses a partir de que se cuente con el censo de inmuebles afectados y, la reconstrucción de estos no debe ir más allá de cuatro años. No omito señalar que para la reconstrucción de los inmuebles afectados deberá tomarse en consideración medidas de seguridad para las nuevas construcciones, de acuerdo a las condiciones específicas de cada una de las zonas afectadas, es decir, a los estilos de vida locales.

Esta etapa de reconstrucción es sumamente importante, no son solo casas caídas; son hogares, representan a las familias y sus historias de vida, y constituyen en muchos casos, el único patrimonio con que contaban.

Si estos argumentos no son suficientes, déjenme decirles que la experiencia internacional demuestra que el crecimiento económico de un país está íntimamente relacionado con la capacidad de reconstrucción en la infraestructura residencial, comercial e industrial y carretera. Modelos exitosos a seguir como el de Chile y Nueva Zelanda que sufrieron los mismos fenómenos naturales levantaron el orgullo nacional para después consolidarse en economía fuerte, y modelos que no resultaron exitosos representa Estados Unidos y Haití después del paso del huracán Katrina.

La ciudadanía nos ha dado una gran lección, nos ha mostrado que todo es posible siempre y cuando se esté dispuesto a darlo todo, al sacrificio incluso. Las legisladoras y legisladores, el gobierno federal y local, los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral no tendrían por qué ser la excepción.

Sin duda alguna la emergencia requiere medidas extraordinarias, que si bien serán temporales, son medidas que ayudaran a paliar en mucho menor tiempo los estragos ocasionados por los sismos que, una vez más, evidenciaron la corrupción de los gobiernos federal, estatales, municipales y delegacionales al otorgar permisos para construcciones sin que estas cumplan con los estándares mínimos, los cambios de uso de suelo sin que medie un estudio de factibilidad adecuado, instancias de protección civil que no realizan de manera adecuada sus revisiones; sistemas y equipos de alertas sísmicas que no sonaron o en su defecto, sonaron ya iniciados los sismos, en el peor de los casos, no han sido instalados; y así, un sinfín de actos de corrupción que desembocaron en hacer más grande la tragedia.

Compañeras y compañeros, de aprobarse esta iniciativa que hoy pongo a su consideración, estaríamos enviando a las mexicanas y mexicanos, un mensaje fuerte, claro y contundente de solidaridad, les estaríamos demostrando que no somos sordos y ciegos a sus necesidades, que en verdad somos las y los representantes populares que necesitan.

Con la aprobación de esta iniciativa, cambiaremos el rostro de la política nacional y proporcionaremos elementos tangibles de que la ciudadanía participa en la toma de decisiones, estaremos dando paso a la verdadera democracia.

Que nos quede claro, esta iniciativa más que acompañamiento al gobierno, significa acompañamiento a la población afectada. Son tiempos de unidad, no de división, por lo tanto, convoco a todos y todas mis compañeras a que asumamos nuestra responsabilidad, a que cumplamos con nuestras obligaciones con unidad y altura de miras.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, Compañeras y Compañeros Legisladores, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de:

 

DECRETO

PRIMERO. Se reforman los artículos 31 numeral 3 y 458 numeral ocho; se adicionan los incisos kk del artículo 44; d en el artículo 226 y un numeral 8 del artículo 251, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

 

Artículo 31.

1. … .

2. … .

3. Los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos políticos no forman parte del patrimonio del Instituto, por lo que éste no podrá alterar el cálculo para su determinación ni los montos que del mismo resulten conforme a la presente Ley. En caso de emergencia nacional por motivos de desastres naturales, el Instituto, de común acuerdo con los partidos políticos, dispondrá del 30% del financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias en año no electoral y/o del financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto en año electoral, el cual será destinado a la reconstrucción de la infraestructura dañada y la atención de las víctimas.

4. … .

 

Artículo 44.

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

a) …;

.

.

.

z) …;

aa) …;

.

.

.

jj) ….

kk) Modificar de común acuerdo con los partidos políticos, en casos urgentes y excepcionales, los plazos de precampaña y campaña de los procesos electorales federales.

2. ….

3. ….

 

Artículo 226.

1. ….

2. …:

a) …;

b) …, y

c) ….

d) El Consejo General podrá modificar de común acuerdo con los partidos políticos los plazos señalados en los incisos anteriores sólo en casos urgentes y excepcionales.

3. ….

4. ….

5. ….

 

Artículo 251.

1. ….

2. ….

3. ….

4. ….

5. ….

6. ….

7. ….

8. Los plazos a que se refieren los párrafos 1 y 2 podrán ser modificados de común acuerdo con los partidos políticos sólo cuando lo ameriten casos urgentes y excepcionales en el territorio del país.

 

Artículo 458.

1.

a) …;

b) …; y

c) … .

2. … .

3. … .

4. … .

5. … :

a) … ;

b) … ;

c) … ;

d) … ;

e) … , y

f) … .

6. … .

7. … .

8. Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral considerados en este Libro Octavo, serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables, cuando sean impuestas por las autoridades federales, y a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación cuando sean impuestas por las autoridades locales. Excepcionalmente, en casos de emergencia nacional por motivos de desastres naturales, el Instituto destinará dichos recursos al Fondo, que por ese motivo fuera creado, para la aportación de la reconstrucción de la infraestructura dañada y la atención de las víctimas.

 

SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 52 Bis de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

 

Artículo 52. Bis

1. Excepcionalmente, las reglas del financiamiento público contenidas en el presente capítulo se verán alteradas cuando exista emergencia nacional por motivos de desastres naturales. En ese supuesto, el Instituto, de común acuerdo con los partidos políticos, dispondrá del 30% del financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias en año no electoral y/o del financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto en año electoral, el cual será destinado a la reconstrucción de la infraestructura dañada y la atención de las víctimas.

 

TRANSITORIO

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La reducción del financiamiento público que fijé el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se aplicará a partir de la ministración del mes de octubre del año en curso.

TERCERO.- Corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral modificar los plazos de precampañas y campañas del proceso electoral federal 2017-2018 tomando en cuenta criterios técnicos y científicos que para tal efecto tenga a bien realizar.

 

Suscribe

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA