PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS AFECTADOS, GENERE UN PROGRAMA QUE RECIBA DENUNCIAS CIUDADANAS REFERENTES A LA INDEBIDA UTILIZACIÓN DE LOS VÍVERES QUE SERÍAN DESTINADOS PARA LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR LOS SISMOS DEL 7 Y EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO

 

SE SOLICITA SEA CONSIDERADO DE URGENTE RESOLUCIÓN

El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo ante la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 8 fracción II, 276, 108 Y 109 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

 

CONSIDERACIONES

Durante la semana que va del domingo 3 al sábado 9 de septiembre del presente 2017, el Estado de Oaxaca sufrió afectaciones producto de varios fenómenos naturales, es decir, los embates de los huracanes Irma y José, los cuales provocaron lluvias torrenciales con saldo de diversas inundaciones y desborde de ríos; posteriormente, se sufrió el impacto del sismo que es considerado el más poderoso de los últimos 100 años en México, afectando de manera particular a la región del Istmo de Tehuantepec y la sierra Mixe; situación que se agravó con el paso de los huracanes Katia y Max.

El número de personas fallecidas durante las últimas tres semanas en el Estado de Oaxaca, así como el número de personas damnificadas, de inmuebles devastados, así como de construcciones históricas destruidas, derivado de estos desastres naturales, es tan crítica que pese al anuncio inicial de declarar zona de desastre 41 municipios del Estado, el pasado viernes 15 de septiembre, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se emite dicha declaratoria para 283 municipios.

El problema por el que atraviesa el Istmo de Tehuantepec es mayor a lo que los medios de comunicación alcanzan a reportar. Cifras oficiales nos señalan que existe un total de 800 mil damnificados y debido a los daños ocasionados tan sólo en Juchitán, Unión Hidalgo, Ixtaltepec y Matías Romero -la tierra donde orgullosamente nací- se vive una parálisis comercial, agrícola, pesquera y de servicios en toda la región.

Para enfrentar las consecuencias del sismo, además de la implementación de un “Fondo especial de reconstrucción para el Estado de Oaxaca”, mismo que hemos promovido en diversas ocasiones en este Pleno y que seguiremos promoviendo hasta que sea creado, la implementación de medidas urgentes con el fin de reactivar económicamente la zona de la costa, istmo y sierra mixe, también resulta fundamental la atención de las necesidades inmediatas de las personas damnificadas en esta zona, ya que la destrucción no sólo de sus viviendas, sino también de sus centros o fuentes de trabajo los coloca en una situación de vulnerabilidad grave.

En el caso del sismo del pasado 19 de septiembre, que afectó mayormente a la Ciudad de México y los Estados de Morelos y Puebla, con afectaciones también en los Estados de México, Guerrero y Oaxaca, tenemos que, a una semana del siniestro, las cifras oficiales señalan 186 personas fallecidas en la Ciudad de México, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca, para un total de 324 personas fallecidas hasta el momento. Ello sin mencionar las miles de personas damnificadas.

En este sentido, resulta sumamente importante señalar que los tres órdenes de gobierno deben garantizar que los recursos económicos, así como los apoyos en especie que son destinados a las zonas afectadas por los recientes fenómenos naturales, sean entregados realmente a la gente que lo necesita, no podemos permitir que dichos apoyos sean desviados, tal y como pasó con aproximadamente 8 mil millones de pesos que debieron ser destinados para la gente más pobre de nuestro país y que ahora no sabemos qué pasó con ellos.

Sobre el particular, no debemos pasar por alto las múltiples denuncias ciudadanas y de los medios de comunicación, quienes reportan el indebido almacenamiento de víveres en bodegas o incluso, en casas de funcionarios públicos, funcionarias públicas o familiares de estos, presumiblemente con el fin de ser utilizados para la compra o coacción del voto durante el desarrollo del proceso electoral concurrente que recientemente dio inicio o para favorecer únicamente a familiares y amigos. Cualquiera que sea el motivo, estas acciones deben ser severamente sancionadas.

Sin lugar a dudas, todas y todos los servidores públicos de la federación, las entidades federativas y los municipios tienen, dentro del ámbito de su competencia, empleo, cargo o comisión, la obligación de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, siendo responsables de la comisión de algún delito y/o sanción en materia administrativa si incumpliendo su deber, en cualquier forma, se propicia daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o se pierden o sustraen los objetos que se encuentran bajo su cuidado; o cuando indebidamente retarden o nieguen a los particulares la protección o servicio que tienen obligación de otorgarles. De nueva cuenta, reitero, estas acciones deben ser severamente sancionadas, no podemos permitir que se lucre con la desgracia y el dolor de la gente.

En este sentido, resulta apremiante que el gobierno federal y los de las entidades afectadas implementen mecanismos que, de manera segura, ágil y anónima, si así se desea por parte de quien realiza la denuncia, permitan que la ciudadanía denuncie hechos como estos en los que los servidores públicos pudieran estar incurriendo en delitos como el de ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones o los que resulten por el uso indebido de los víveres que debieran estar siendo destinados a mitigar la tragedia por la que atraviesan miles de personas que lo han perdido todo o casi todo.

Asimismo, se atiendan de oficio las denuncias que, de manera pública, aunque no oficial, han realizado diversas ciudadanas y ciudadanos, mismas con las que dan cuenta diversos medios de comunicación. De igual manera, la instancia que de manera conjunta o por separado determinen el gobierno federal y los de las entidades para la recepción de estas denuncias, investigue y, en su caso, presente las denuncias correspondientes ante la instancia competente, para que sean sancionados como corresponda.

A todas luces, situaciones como esta han generado desconfianza en las autoridades, reduciendo la esperanza de las víctimas en una pronta recuperación, por lo que es nuestro deber, como representantes populares, dar seguimiento a las acciones que implementen los tres niveles de gobierno para garantizar que estas se estén empleando de manera adecuada y en beneficio de la población que de verdad necesita de ellas; y, por otro lado que inhiba la comisión de delitos o faltas administrativas en perjuicio de la población damnificada.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía la aprobación de urgente resolución del siguiente:

 

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas afectadas, generen un programa que reciba denuncias ciudadanas de manera ágil, sencilla e incluso anónima, referentes a la indebida utilización de los víveres que serían destinados para las personas damnificadas por los sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre del año en curso.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, implemente medidas de atención y seguimiento a las denuncias realizadas por la ciudadanía o los medios de comunicación, referentes al acaparamiento o probable uso indebido de los objetos que debieran ser destinados para mitigar las necesidades de las personas que resultaron afectadas por los sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre del año en curso.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Junta de Coordinación Política a efecto de que proponga al Pleno la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a las Acciones Implementadas por el Gobierno Federal para atender las afectaciones generadas por los sismos del 7 y el 19 de septiembre.

 

SUSCRIBE

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA