Fortalecer nuestras instituciones penitenciarias para garantizar el estado de derecho

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Durante la mañana del 29 de enero de 2010, se registró la fuga de tres personas sentenciadas en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, que guardan vínculos con organizaciones criminales dedicadas a cometer delitos contra la salud, entre otros. Dada la información otorgada por las autoridades capitalinas, puede presumirse la implicación de servidores públicos para que este hecho pudiera llevarse a cabo.

          Como Diputado Federal, reconozco la pronta actuación de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, y del Subsecretario del Sistema Penitenciario, Antonio Hazael Ruíz, que mantienen una firme convicción para otorgar todos los elementos necesarios para recapturar a los tres reos vinculados, que estaban sujetos a un procedimiento de extradición hacia los Estados Unidos.

          Sin embargo, este hecho debe convocarnos a fortalecer las instituciones penitenciaras para que, en el marco de respeto absoluto a los derechos humanos, la seguridad interna esté plenamente garantizada. Las sentencias que privan de la libertad de las personas tienen como objetivo tutelar bienes jurídicos fundamentales para la sociedad, por eso es importante garantizar un sistema de justicia eficaz y eficiente. De ser necesario, deben explorarse alternativas para prevenir la colusión de servidores públicos y sancionar cualquier hecho de corrupción al interior de centros penitenciarios.

          Nadie ni nada por encima de la Ley.